Entre los años 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori puso en funcionamiento un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, con el que se buscaba rebajar la tasa de fecundidad a 2'5 hijos por mujer en el año 2000.
Este programa de planificación ofrecía distintos métodos anticonceptivos, entre ellos la esterilización quirúrgica voluntaria. La campaña sanitaria se dirigía a la población campesina pobre, de ambos sexos, pero en la práctica las intervenciones se practicaban más a las mujeres. Como resultado hubo unas 300.000 esterilizaciones, de las cuales más de 2.000 fueron forzadas.
Muchas mujeres fueron engañadas aprovechando su desconocimiento, amenazadas o ‘compradas’ con dinero y alimentos a cambio de las esterilizaciones. Si no obtenían su consentimiento de forma voluntaria, bastaba la decisión del marido. En algunos casos las esterilizaciones se realizaban sin avisar, cuando eran internadas en hospitales para parir.
Muchas de estas mujeres pasaron años buscando justicia a lo que les habían hecho hasta que el 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex-ministros de Salud del régimen de Fujimori con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo. La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura.
A pesar de todo, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del departamento de Cusco, decidió continuar con su lucha y ahora ha presentado una nueva demanda contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.
La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras lo presentaba como un plan contra la pobreza.
En la región de Anta, la esterilización se produjo casa por casa. Las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir unas cuotas de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena. Ellas continúan pidiendo justicia. Ya no tienen nada que perder.
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