Luchando contra el hambre en Perú

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) de Perú hay 13 millones 800 mil peruanos que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Ellos serán los principales beneficiarios de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se aprobó el pasado 19 de Diciembre después de más de dos años de discusión parlamentaria. Esta nueva ley está orientada a conseguir que el derecho a la alimentación sea una realidad para todos los peruanos.

El 60% de los alimentos que se consumen en el Perú son producidos por las y los pequeños agricultores, sobre todo por las mujeres. A pesar del crecimiento económico que en los últimos años está favoreciendo al país, existe un severo problema alimentario. La población campesina e indígena peruana tiene un grave desequilibrio nutricional. Uno de cada dos peruanos está expuesto a la inseguridad alimentaria. Con esta nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional  se comienza a garantizar el Derecho a la Alimentación de todas y todos los peruanos.

Las organizaciones sociales agrarias y de la sociedad civil ven en la aprobación de la nueva norma el inicio de un nuevo que camino que contribuirá a dar coherencia a las política públicas nacionales y sectoriales evitando su dispersión y desarticulación actual.

El principal avance de la Ley es que establece un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que implementará políticas, programas o iniciativas orientadas a que la población actual y futura del país pueda acceder a alimentos adecuados, nutritivos, culturalmente aceptados, reduciendo la dependencia alimentaria respecto de la producción foránea de alimentos.

Más información:

• Soberanía y seguridad alimentaria en el Perú

Infancia rota por el trabajo

Según la OIT el total de menores de edad (entre cinco y 17 años) trabajadores que existen en el mundo asciende a 215 millones. Niños y niñas que trabajan en minas y canteras o en la agricultura o en los grandes basureros de las ciudades; o quizás trabajen como empleados domésticos o en el sector informal vendiendo frutas en los mercados locales o limpiando los cristales de los coches que se paran en los semáforos. Niños y niñas pobres que en la mayoría de los casos son campesinos o indígenas que proceden del medio rural.

En América Latina y el Caribe, 20 millones de niños y niñas necesitan trabajar para sobrevivir y no tienen tiempo para jugar. Brasil, Perú, México y Colombia son los países con la tasa más alta de trabajo infantil en esta región del mundo.

De entre todos los niños y niñas trabajadores que hay en el mundo, unos 10'5 millones trabajan como empleados domésticos en los hogares de otras personas, muchas veces en condiciones semejantes a la esclavitud. El trabajo doméstico infantil está directamente relacionado con los índices de pobreza de cada país. Algunos padres manden a sus hijos con otras familias para que los cuiden y les den acceso a una buena educación a cambio de colaborar en las tareas del hogar. Pero en la mayoría de los casos la realidad es bien distinta y son sometidos a largas y pesadas jornadas laborales, lejos de sus familias, quedando, en muchos casos, privados de acceder a la educación.

En su mayoría estos empleados domésticos son niñas de entre 8 y 16 años, separadas de su entorno familiar que suele estar en zonas rurales, que se levantan muy temprano, y realizan tareas como limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos. Son niñas vulnerables a la violencia física, psicológica y sexual, y expuestas a condiciones de trabajo abusivas, ocultas a la mirada pública y que llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. Muchas de ellas corren el riesgo de terminar siendo explotadas sexualmente con fines comerciales. 

El mayor problema para luchar contra este trabajo infantil en el hogar es que es una práctica culturalmente aceptada en muchos países. Se viene haciendo de generación en generación y se ve como algo normal. Es una práctica culturalmente arraigada y una realidad oculta para una sociedad que no la quiere ver.

Ahí es dónde está la primera labor que debemos hacer para eliminar esta horrible forma de esclavitud que continúa existiendo en pleno siglo XXI. Tenemos que sensibilizar y dar a conocer a la sociedad esta forma de explotación laboral y social. Desde el conocimiento de su existencia y desde su rechazo es desde donde podemos comenzar a luchar contra ella.

No quitemos el futuro a la infancia. Dejemos que los niños y las niñas de nuestros países estudien, que jueguen, para el día de mañana tener una sociedad más justa y con un mejor futuro.



Más información:

• Día mundial contra el trabajo infantil - 12 de junio
• Formas de trabajo infantil
• América Latina: Trabajo infantil, explotación que no cesa

Perú: Las mujeres rurales hacen crecer la economía con sus artesanías

Ya lo decía Virginia Woolf en su libro "Una habitación propia": "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción." Pero si abandonamos la literatura y nos vamos a la vida cotidiana, esta idea de la Sra Woolf sigue teniendo todo el sentido.


 En el Perú hay una Asociación civil sin fines de lucro que trabaja desde 1978 en la promoción y difusión de los derechos de la mujer, el Movimiento Manuela Ramos, que se ha dado cuenta de esta realidad: si la mujer gana y maneja su propio dinero consigue su verdadera autonomía.


Y por eso en el día de hoy, 19 de Marzo, día en el que se celebra en Perú el Día Nacional de la Artesana, el Movimiento Manuela Ramos ha aprovechado la fecha para organizar la II Campaña por los derechos económicos de las mujeres: Sin autonomía económica, no hay verdades autonomía.


Con esta campaña buscan visibilizar el aporte económico que las mujeres artesanas hacen a la economía nacional, regional y familiar a través de su trabajo remunerado y no remunerado. En Puno, en el sureste del país, el 30.9% de las mujeres dedican 18 horas a la semana a la realización de actividades de cuidado no remuneradas, mientras que el 44,7% son trabajadoras independientes.


La campaña forma parte del Proyecto “Acceso y mejora de ingresos económicos de mujeres artesanas Quechuas y Aymaras en Puno” que financia la Unión Europea y que promueve la participación sostenible de mil mujeres artesanas de las zonas rurales de Puno.

Fortaleciendo la participación económica de las mujeres rurales de Puno a través del desarrollo de sus capacidades productivas se mejora la economía de toda la zona, pero sobre todo, se les da una autonomía económica que les permite decidir sobre su propio futuro, sobre su proyecto de vida.

Perú: Mujeres campesinas e indígenas esterilizadas a la fuerza buscan justicia

Entre los años 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori puso en funcionamiento un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, con el que se buscaba rebajar la tasa de fecundidad a 2'5 hijos por mujer en el año 2000.

Este programa de planificación ofrecía distintos métodos anticonceptivos, entre ellos la esterilización quirúrgica voluntaria. La campaña sanitaria se dirigía a la población campesina pobre, de ambos sexos, pero en la práctica las intervenciones se practicaban más a las mujeres. Como resultado hubo unas 300.000 esterilizaciones, de las cuales más de 2.000 fueron forzadas.

Muchas mujeres fueron engañadas aprovechando su desconocimiento, amenazadas o ‘compradas’ con dinero y alimentos a cambio de las esterilizaciones. Si no obtenían su consentimiento de forma voluntaria, bastaba la decisión del marido. En algunos casos las esterilizaciones se realizaban sin avisar, cuando eran internadas en hospitales para parir.

Muchas de estas mujeres pasaron años buscando justicia a lo que les habían hecho hasta que el 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex-ministros de Salud del régimen de Fujimori con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo. La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura.

A pesar de todo, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del departamento de Cusco, decidió continuar con su lucha y ahora ha presentado una nueva demanda contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.

La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras lo presentaba como un plan contra la pobreza. 

En la región de Anta, la esterilización se produjo casa por casa. Las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir unas cuotas de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena. Ellas continúan pidiendo justicia. Ya no tienen nada que perder.

Más información:

.- Perú realizó 250.000 esterilizaciones forzadas en la época de Fujimori

.- CIDH exige justicia para esterilizaciones forzadas

.- Más de 2000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza en Perú