lunes, 22 de noviembre de 2010

España: Otro impulso más para el GITIC

La nueva Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, presidió el pasado 17 de Noviembre la reunión constitutiva del Grupo Interministerial de Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias (GITIC), en el que, además del MARM, participan los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, y Sanidad, Política Social e Igualdad.

Por Carlos Timiraos

Después de la destitución de la anterior Ministra, Elena Espinosa, quién en principio iba a presidir este Grupo de Trabajo que se acordó crear en el Consejo de Ministros del 15 de Octubre, estábamos a la espera de que iba a suceder con el GITIC, tan necesario para que la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias deje de ser una ilusión para las mujeres rurales españolas.

Rosa Aguilar ha decidido impulsar la consolidación de la figura de la titularidad compartida como un principio de equidad y justicia social y ha manifestado su intención de lograr el mayor consenso posible en esta materia con las organizaciones de mujeres rurales, las Organizaciones Profesionales Agrarias, las Comunidades Autónomas y los grupos políticos.

El objetivo principal del GITIC es la elaboración de un proyecto de ley específico para regular de forma completa la figura de la titularidad compartida, que se espera que esté redactado en un plazo de seis meses, para que pueda entrar en vigor en esta legislatura.

Desde el mundo rural nos alegramos de los nuevos impulsos que el MARM y la Ministra Aguilar están dando en favor de las mujeres rurales.

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viernes, 12 de noviembre de 2010

La pobreza rural en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento agroexportador y un auge de la agricultura en la primera mitad de esta década. Sin embargo el número de pobres no disminuyó. Los niveles de pobreza e indigencia en las áreas rurales de la región se sitúan en torno al 52% de la población.

Esto se debe sobre todo a que la producción agrícola se ha concentrado en algunos pocos productos (monocultivos fáciles de exportar o de dedicar a la producción de biodiesel), se ha restringido a algunas regiones, y se ha aglutinado en un número reducido de grandes empresas (en muchos casos transnaciones europeas o norteamericana que esquilman los recursos naturales de América Latina)

Otro factor importante para que no se reduzca la pobreza rural en esta región es que las características del mercado laboral en las áreas rurales favorece la perpetuidad de la pobreza entre la población que vive y se emplea allí. No existe un salario mínimo, ni protección social. No se permite la sindicalización y las formas de contratación de la mano de obra no se hacen conforme a la ley vigente. Por otra parte, una serie de problemas contribuyen a reproducir la pobreza de los trabajadores rurales, tales como el trabajo infantil y la discriminación hacia las mujeres.

Un último factor que contribuye a la pobreza rural latinoamericana es el cambio climático. La mayor parte de la población rural de la región que vive en condiciones de pobreza extrema es vulnerable a los efectos que el cambio climático tiene sobre sus cultivos. Los y las más pobres del campo de América Latina y del Caribe dependen de sus pequeñas cosechas para comer y para vender sus pocos excedentes agrícolas. Los desastres naturales que el cambio climático está ocasionando (lluvias torrenciales e inundaciones, sequías...) hacen que los campesinos pierdan sus cosechas y por lo tanto su medio de vida.

Las crisis alimentarias y las zonas con hambruna son cada vez más frecuentes. Hay hambre en Perú, en Nicaragua, en Bolivia, en Guatemala... zonas del planeta con gran riqueza medio ambiental. ¿Cómo puede ser posible esto?.

Mapa político de América Latina y el Caribe


Todos estos factores junto con la escasez de tierras productivas, las malas condiciones de empleo en la agricultura y el mejor acceso a servicios básicos en las ciudades está provocando una fuerte inmigración interna desde las áreas rurales a las áreas urbanas. Esto está provocando que en las afueras de las grandes ciudades están surgiendo cada vez más poblaciones marginales de chabolas en las que vive todos estos inmigrantes.

En la actualidad, solamente en Brasil, Chile y República Dominicana, los porcentajes de indigentes urbanos son mayores que en las zonas rurales. En el resto de los países, la indigencia es básicamente rural. Pero si esta tendencia migratoria sigue su curso, en unos años, los indigentes urbanos serán mayoría.

El sector agrícola cumple un papel fundamental y estratégico, no sólo por su función primaria de producción de alimentos, sino también porque provee recursos económicos y ambientales en las zonas rurales, donde sobreviven poblaciones especialmente pobres y vulnerables a las diferentes crisis económicas, ambientales o políticas.

En América Latina la población rural se está convirtiendo en minoría. En la actualidad sólo el 22% de la población habita allí, pero son alrededor de 120 millones de personas, una cifra nada despreciable sobre todo si tenemos en cuenta que la incidencia de la pobreza es mayor en estas regiones.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Paraguay: Mujeres rurales e indígenas rechazan los productos transgénicos

El pasado martes 2 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) emitió un comunicado en el que repudia la resolución 2.158 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que autoriza la investigación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM o transgénicos), en Paraguay.

Los argumentos a favor de estas investigaciones que arguye el MAG son los mismos de siempre: que los transgénicos son el camino correcto para acabar con hambre, que son de bajo riesgo y que no perjudican a nadie, que los transgénicos son de uso habitual en otros países...

Los sectores campesino e indígena llevan años denunciando las consecuencias del sistema de producción en monocultivo que enferma, mata y empobrece a comunidades enteras en el interior del país. El cultivo de transgénicos sólo favorece a los grandes productores e intereses transnacionales.

CONAMURI en su comunicado denuncia que los ensayos de transgénicos en Paraguay representan una ofensa a la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas, que buscan sistemas de producción acordes a la protección de la vida, las comunidades y el medio ambiente.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas surge allá por el año 1999 cuando en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de Octubre, se reunieron en Asunción, capital de Paraguay,  más de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres de diversas organizaciones y comunidades de casi todos los departamentos del país. Su principal objetivo fue iniciar la construcción de una organización nacional de mujeres que articule las reivindicaciones y propuestas de las mujeres rurales e indígenas paraguayas.

CONAMURI se convierte en un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la situación de pobreza, discriminación y exclusión social que sufren por razones de clase, etnia y género.

Ahora luchan contra los transgénicos que están llegando al país y que lo único que hacen es cortar la esperanza por un futuro mejor a miles de campesinos e indígenas que ya están sobreviviendo en la miseria y en la pobreza. CONAMURI expresa que la decisión tomada por el MAG es un  atropello y burla a  la voluntad de las comunidades campesinas e indígenas. Las mujeres de CONAMURI permanecerán movilizadas hasta que se revea la resolución 2.158 y convocarán a todas las demás organizaciones sociales, rurales y urbanas paraguayas a hacer frente a esta decisión orquestada por MAG y  totalmente apoyada y promovida por ciertos medios de comunicación nacionales.

jueves, 4 de noviembre de 2010

Perú: Mujeres campesinas e indígenas esterilizadas a la fuerza buscan justicia

Entre los años 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori puso en funcionamiento un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, con el que se buscaba rebajar la tasa de fecundidad a 2'5 hijos por mujer en el año 2000.

Este programa de planificación ofrecía distintos métodos anticonceptivos, entre ellos la esterilización quirúrgica voluntaria. La campaña sanitaria se dirigía a la población campesina pobre, de ambos sexos, pero en la práctica las intervenciones se practicaban más a las mujeres. Como resultado hubo unas 300.000 esterilizaciones, de las cuales más de 2.000 fueron forzadas.

Muchas mujeres fueron engañadas aprovechando su desconocimiento, amenazadas o ‘compradas’ con dinero y alimentos a cambio de las esterilizaciones. Si no obtenían su consentimiento de forma voluntaria, bastaba la decisión del marido. En algunos casos las esterilizaciones se realizaban sin avisar, cuando eran internadas en hospitales para parir.

Muchas de estas mujeres pasaron años buscando justicia a lo que les habían hecho hasta que el 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex-ministros de Salud del régimen de Fujimori con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo. La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura.


A pesar de todo, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del departamento de Cusco, decidió continuar con su lucha y ahora ha presentado una nueva demanda contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.

La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras lo presentaba como un plan contra la pobreza. 

En la región de Anta, la esterilización se produjo casa por casa. Las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir unas cuotas de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena. Ellas continúan pidiendo justicia. Ya no tienen nada que perder.

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