La titularidad compartida de las explotaciones agrarias en España

El trabajo que realizan las mujeres rurales es un trabajo invisible para la sociedad, para los gobernantes. Muchas aprendieron el oficio de sus padres o se adaptaron al de sus maridos. Ordeñan las vacas, trabajan la tierra, cuidan de los animales, gestionan la explotación... Además, al llegar a casa se ocupan del trabajo doméstico. Y sin embargo es como si no existieran. De ahí que una de las reivindicaciones históricas de las mujeres rurales es dejar de ser invisibles para la ley y para la sociedad.

Hace más de un año que se aprobó el Real Decreto 297/2009 de 6 de marzo. El objeto de esta norma es promover la titularidad compartida de las explotaciones agrarias entre los cónyuges o miembros de las parejas de hecho, inscritas en algún registro público, así como extender los beneficios en la cotización a la Seguridad Social a las mujeres que ostenten dicha titularidad compartida.

La aprobación de esta normativa fue muy bien recibida por las mujeres del medio rural español. Las organizaciones que trabajan por el campo y por las mujeres rurales se congratularon de este avance legislativo. Unas 150.000 mujeres se podrían beneficiar de este cambio. Con la aprobación del Real Decreto se pondrían en marcha registros en todas las Comunidades Autónomas donde se inscribirían las explotaciones agrarias gestionadas por cónyuges o parejas de hecho, lo que permitiría que las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas, etc... que correspondan al titular de la explotación, se atribuirían conjuntamente a los cotitulares inscritos.

Tras esta alegría inicial, su puesta en funcionamiento está costando mucho trabajo y tiempo. En Julio del año 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)  todavía estaba ultimando la Orden Ministerial que regularía el registro de la titularidad compartida de las explotaciones. Esto provocó que el MARM y las comunidades autonómas se pasaran la pelota sin terminar de resolver este tema.

Después de la publicación del decreto en el BOE, las autonomías eran las encargadas de crear los registros pertinentes para que las mujeres pudieran inscribirse como cotitulares de la explotación agraria que comparten; y las autonomías aducen que el Ministerio tiene que publicar previamente una orden que no llega.

La situación hoy en día, tras un año y dos meses de aprobado el Real Decreto, es que la puesta en marcha de los registros de las explotaciones agrarias con titularidad compartida  sólo existen en tres Comunidades Autónomas: Galicia, Cataluña y Baleares.

Este retraso en el desarrollo de los registros está totalmente injustificado y es intolerable. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI todavía haya mujeres en determinadas zonas de este país a las que su marido tiene que firmar un papel para darles permiso para hacer un trámite cualquiera sobre la explotación, cuando esa mujer ha estado trabajando ahí ,  codo con codo con él,  toda la vida, cotizando a la Seguridad Social, llevando la explotación agraria o ganadera.

Las mujeres rurales ya pueden recibir ayudas públicas para promover su acceso y permanencia a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, pero para eso han de inscribirse previamente en los registros de titularidad compartida.  Registros, que a día de hoy, no existen.  Y llegamos así , otra vez, al punto de partida para decir, finalmente, que por desgracia  la invisibilidad de las mujeres rurales en España sigue vigente.