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| Por Carlos Timiraos |
La desigualdad social que sufren las mujeres rurales en América Latina, África y Asia se refleja claramente en el limitado acceso y control que tienen a los recursos necesarios para asegurar su alimentación y la de sus familias. Las mujeres rurales de estas regiones del mundo cuentan con un derecho a la propiedad y uso de la tierra muy limitado o inexistente.
En ocasiones el pequeño campo de cultivo es propiedad del esposo que ha emigrado a la ciudad para ganar un poco de dinero, y la mujer (que ahora ejerce de cabeza de familia) se ve con las manos atadas ya que sólo puede disponer de esa tierra para cultivarla pero sin poder tener acceso a los créditos y al uso de las tecnologías que puedan aumentar la productividad de sus campos o reducir los efectos adversos que el cambio climático ocasiona en sus cultivos.
En otras ocasiones, los campos son de toda la comunidad en las que las mujeres viven, y son los jefes de la comunidad los que deciden que se hace con esas tierras, sin tener en cuenta para nada la opinión de las mujeres.
Las mujeres tampoco tienen un reconocimiento al importante papel social que juegan al asegurar la alimentación de sus comunidades; como tampoco se reconocen todos los trabajos que realizan para sostener a la familia. Lejos de ellas quedan los programas y políticas públicas de desarrollo rural que los gobiernos de los países de estas regiones del mundo aplican en cada uno de los países y que no reflejan ni ayudan a mejorar el nivel de vida ni la realidad social en la que viven día a día millones de mujeres rurales del mundo.
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